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Proceso Fundacional del Banco Central del Uruguay

BCUBANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Por Ley N° 2.480 de 4 de agosto de 1896 se aprobó la carta orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay, bajo la forma de persona jurídica dotada de amplísima descentralización.
Este banco, que  quedó efectivamente constituido el 24 de agosto de 1896, reunía entre sus competencias funciones bancocentralistas.
 
Por Ley N° 9.496 de 14 de agosto de 1935 se dispuso una importante modificación en su regulación jurídica, en la que aparece, el primer atisbo de lo que sería la base del Banco Central del Uruguay, dado que independiza de los demás servicios del Banco, al Departamento de Emisión con facultades de emisión y las inherentes a una organización bancocentralista (estudio de todas las cuestiones relacionadas con el régimen monetario y su gobierno y dirección, supervigilancia y fiscalización de las disposiciones que se dicten sobre el régimen de la banca privada, nacional y extranjera).
 
Por Ley N° 9.808 de 2 de enero de 1939 se aprobó una nueva Carta Orgánica de la institución, que fue categorizada como un ente autónomo y consagró  dos Departamentos separados: el Bancario y el ya referido Departamento de Emisión.
A las funciones de este departamento se agregan disposiciones que confieren competencia en materia de acuñación de monedas, en la forma que disponga el Poder Legislativo.
 
HACIA LA CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (1939-1966).
 
Mientras se contribuía por diversos sectores de la opinión a la creación de un banco central, a partir de 1939, pese a mantenerse la estructura del Departamento de Emisión dentro del Banco de la República, se comenzó a legislar en forma independiente sobre aspectos concernientes a la temática bancocentralista.
Ello creó y alentó la corriente de fundar un banco central que sobre la base de aquél Departamento de Emisión incluyera todas las funciones propias de la institución.
Luego de diversas leyes, entre las que cabe citar las de contralor de exportaciones e importaciones N° 10.000 de 10 de enero de 1941, de reforma cambiaria y monetaria N° 12.670 de 17 de diciembre de 1959, de crédito del Estado a través del Banco de la República N° 13.320 de 28 de diciembre de 1964, de modificación del respaldo oro de la moneda nacional N° 13.319 de 28 de diciembre de 1964, de garantía de ahorro y depósitos N° 13.330 de 30 de abril de 1965, y habiendo mediado el crack bancario del año 1963, se reafirmó el proceso de convicción acerca de la necesidad de constituir una institución especializada en la materia.
 
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – NORMATIVA RELACIONADA.
 
Luego de diversos proyectos, que se generaron a partir del año 1935, se llega a la instancia de sometimiento a plebiscito de la reforma constitucional que aprobó el texto de 1966, oportunidad en la cual se optó por el mecanismo de disponer la creación del Banco Central, bajo la forma de ente autónomo y dotado de autonomía técnica, administrativa y financiera (artículo 196), encomendando a la vía legal la aprobación de la correspondiente Carta Orgánica. El mismo texto constitucional estableció, en sus disposiciones transitorias y especiales el comienzo del funcionamiento del instituto a partir del 1° de marzo de 1967 (apartado H), la forma de integración (apartado F) y los cometidos y atribuciones (coincidentes con los que tenía, a esa época, el Departamento de Emisión del Banco de la República Oriental del Uruguay).
 
Antes de dictarse la Carta Orgánica respectiva, algunas normas establecieron disposiciones que resultaban aplicables al nuevo organismo, entre las que cabe incluir la Ley N° 13.594 de 6 de julio de 1967, por la que se modificó la denominación original (Banco Central de la República) y declaró su carácter de persona jurídica capaz de todos los derechos y obligaciones, la Ley N° 13.608 de 8 de setiembre de 1967, que agregó al campo específico algunas otras funciones propias de la materia bancocentralista, tales como régimen de redescuentos, absorción y fusión de instituciones financieras, régimen de cambio, asistencia financiera, etc. y estableció algunas regulaciones referidas a aspectos de carácter económico y financiero, comercial e industrial, precios e ingresos e inversiones.
 
No obstante, en este período, y por su importancia, corresponde referir al Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, que consagró formalmente un texto ordenado de normativa dispersa referida a la intermediación financiera y entre otras, reguló materias tales como: a) determinación del alcance: quedan comprendidas todas las personas públicas y privadas que realicen intermediación financiera (incluyendo Cooperativas de Ahorro y Crédito), participación en el otorgamiento de la autorización para funcionar, la instalación en el país de sucursales o agencias de empresas constituidas en el extranjero, que desarrollen algunas de las actividades previstas en la ley, b) definición del concepto de intermediación financiera, c) Delimitación de la estructura del sistema financiero, previéndose la existencia de bancos y empresas financieras no bancarias, d) regulación del procedimiento para la instalación de entidades financieras, bancarias o no, dentro del cual corresponde al Poder Ejecutivo la aprobación con el asesoramiento previo del Banco Central, e) determinación de las potestades reglamentarias y de contralor en materia de responsabilidad patrimonial, encajes, liquidez y solvencia, determinación de fecha para el cierre de sus ejercicios económicos, documentación de las operaciones, registración e informaciones, vigilancia y orientación de la actividad financiera privada, fiscalización del cumplimiento de las leyes y decretos, normas generales e instrucciones particulares que rijan tal actividad, participación en el proceso de revocación de la autorización para funcionar de las mismas, f) imposición de determinadas prohibiciones para la operativa de empresas que realicen actividad de intermediación financiera, g) intensificación de los poderes jurídicos del Banco Central en materia sancionatoria, control anterior concomitante y posterior a la gestión de parte de instituciones públicas, estatales o no estatales con actividades referidas a la temática, y determinación de condiciones particulares para el funcionamiento de las entidades, ejercicio de actividades inspectivas y de fiscalización e investigación y aplicación de sanciones, h) regulación de la actividad financiera denominada “off shore”, i) establecimiento del denominado secreto bancario con relación a determinado tipo de operaciones (pasivas) y regulación del régimen de información a que quedan sometidas las entidades, j) regulación de la función del banco como prestamista de última instancia respecto de las instituciones de intermediación financiera, su actuación como liquidador, en sede administrativa, de las empresas integrantes del sistema de intermediación financiera y de sus respectivas colaterales, el registro público de los accionistas de determinadas sociedades anónimas, etc.
 
Por Ley N° 16.131 de 12 de setiembre de 1990 se establecieron competencias en materias de bancos de inversión (aplicación en subsidio del Decreto N° 15.322).
 
Con posterioridad, ante la evidencia de algunas carencias regulatorias del régimen de intermediación financiera, se dictó la Ley N° 16.327 de 11 de noviembre de 1992, por la que se sustituyeron algunas disposiciones de la norma anterior. A grandes rasgos, los aspectos modificados refieren a: a) participación en el proceso de autorización para funcionar mediante la emisión de opinión favorable previa, otorgar la habilitación para su instalación, autorización para apertura de sucursales de entidades ya autorizadas, participación previa a la autorización de fusiones, absorciones y todas transformación de las entidades, b) dictado de normas generales e instrucciones particulares tendientes a mantener la liquidez y solvencia de las empresas así como a limitar el riesgo que éstas pudieran asumir fijándoles los topes correspondientes y exigir a dichas empresas la presentación de un plan de adecuación, c) adopción de medidas preventivas, que pueden llegar a la intervención o a la inmediata suspensión de actividades de las instituciones comprendidas, d) actuación como prestamista de última instancia respecto de las instituciones de intermediación financiera, e) potestad sancionatoria, emisión de consentimiento previo para la revocación de la autorización para funcionar y facultad promover ante el mismo la revocación de la autorización por razones de legalidad o de interés público.
 
La Ley N° 16.426 de 14 de octubre de 1993 relativa a la desmonopolización de los seguros creó la Superintendencia de Seguros y Reaseguros como órgano desconcentrado, cuyo Superintendente será designado por el Directorio del Banco. Asimismo atribuyó competencia al Banco, básicamente a través de la mencionada Superintendencia para el asesoramiento al Poder Ejecutivo a efectos de la autorización para la instalación y funcionamiento de empresas que realicen actividad aseguradora. Posteriormente, la Ley N° 18.412 de 17 de noviembre de 2008 que reguló el seguro obligatorio por daños causados por vehículos de circulación terrestre y maquinarias, previó también la participación del Banco a través de la mencionada Superintendencia. Esta Superintendencia fue suprimida posteriormente, por ley N° 18.401.
 
CARTA ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY.
 
La carta orgánica del Banco Central del Uruguay fue aprobada por laLey Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, con una estructura por la cual una parte refirió a la organización y el funcionamiento de la institución y otra reguló las competencias del organismo en materia bancocentralista (atribuciones, política de reservas, relaciones con las instituciones de intermediación financiera, relaciones con el Poder Ejecutivo y la creación de un órgano especializado, la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, la que dependiente del Directorio del Banco, tenía a su cargo la supervisión y fiscalización de las instituciones.
 
Esta norma fue posteriormente modificada, especialmente por la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, que introdujo variaciones sustanciales tanto estructurales como regulatorios, entre los que se destacan: a) determinación de sus finalidades primordiales (la estabilidad de precios que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo y la regulación del funcionamiento y la supervisión del sistema de pagos y del sistema financiero, promoviendo su solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo), b) la modificación del número de directores de tres a cinco integrantes, c) la duración del período de función de los directores que cambiarán con cada cambio de gobierno al ser designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, d) la creación de la Superintendencia de Servicios Financieros, dependiente del Directorio, dotada de desconcentración y con autonomía técnica y operativa, cuya competencia comprende las funciones de todas las áreas y superintendencias precedentes que ejercían la supervisión de las entidades que operaban en el mercado financiero, e) la incorporación de la supervisión de entidades que hasta entonces no se encontraban comprendidas y f) la creación de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (“COPAB”), como persona pública no estatal separada del Banco, con funciones de asistencia a entidades en crisis, liquidación administrativa, administración del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios y pago del seguro de depósitos.
 
En función de esta norma, las atribuciones principales del Ente son las siguientes:
 
a) la emisión de billetes, acuñación de monedas y retiro de circulación de billetes y monedas en todo el territorio de la República, b) la aplicación de los instrumentos monetarios, cambiarios y crediticios que fueren necesarios para cumplir las finalidades que le asigna el artículo 3º, c) actuación como asesor económico, banquero y representante financiero del Gobierno, d) administración de las reservas internacionales del Estado, e) actuación como banquero de las instituciones de intermediación financiera, f) representación del Gobierno de la República en los organismos financieros internacionales y ejecutar las transacciones financieras relacionadas con la participación del Estado en dichos organismos, g) regulación normativa y supervisión de la ejecución de aquellas reglas por parte de entidades públicas y privadas que integran el sistema financiero. A tal efecto, podrá autorizar o prohibir, en todo o en parte, operaciones en general o en particular, así como fijar normas de prudencia, buena administración o método de trabajo e informará, en el caso de las entidades públicas, al Poder Ejecutivo, a sus efectos, h) promoción desarrollo de la educación y la cultura económica y financiera (este literal fue incorporado por el artículo 334 de laLey Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012).
 
Por Ley Nº 18.643 de 9 de febrero de 2010, se volvió a modificar parcialmente la Carta Orgánica, en la redacción dada por la Ley 18.401, en lo referente a entidades supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros (en temas tales como la financiación, incorporación al contralor de personas físicas o jurídicas que realicen determinados tipos de actividades y regulación de actividades de personas jurídicas con giros no financieros, tales como las cooperativas de consumo y algunas asociaciones civiles, se modificó el elenco de entidades supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros y facultó a esta a determinar la inclusión en el régimen de regulación y control de otras no previstas en la ley.
 
La Ley N° 18.670 de 20 de julio de 2010 introdujo nuevas modificaciones de importancia a la Carta Orgánica, tales como la integración del Directorio, que pasó a ser de tres miembros, la creación del Comité de Coordinación Macroeconómica (con integración del Ministro de Economía y Finanzas) y del Comité de Política Monetaria dentro de la órbita del Banco, con funciones específicas en materia monetaria.
 
OTRAS NORMAS RELACIONADAS.
 
Sin perjuicio de las normas precedentes a la Carta Orgánica señaladas, corresponde referir a otras disposiciones que, sin introducir modificaciones formales a dicho cuerpo normativo, han atribuido diversas competencias al Banco Central. Las más significativas son las que se indican:
 
Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995 (Títulos I, II, IV y VII) atribuyó competencias al Banco Central con relación a los fondos de ahorro previsional y las empresas administradoras y aseguradoras,
 
Ley N° 16.774 de 27 de setiembre de 1996 que reguló las actividades de las sociedades financieras que administran Fondos de Inversión, modificada por ley 17202 de 24 de setiembre de 1999,
 
Ley N° 17.703 de 27 de octubre de 2003, sobre Fideicomiso estableció la creación, en la órbita del Banco Central del Uruguay, de un registro público de fiduciarios profesionales, personas físicas o jurídicas y atribuyó a la institución, respecto de los fiduciarios financieros, las facultades que le confiere el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas. Norma modificada porLey N° 18.127 de 12 de mayo de 2007,
 
Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004 sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo que dispone la obligatoriedad de comunicar a la Unidad de Información y Análisis Financiero de la entidad, las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, -incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley. Dicha norma sufrió modificaciones a través de la Ley Nº 18.494 de 5 de junio de 2009,
 
Ley N° 18.573 de 13 de setiembre de 2009, que reguló los sistemas de compensación y liquidación de pagos y valores, adjudicando al Banco Central la competencia para reglamentar su funcionamiento,
 
Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009 referida al Mercado de Valores, estableció la competencia del Banco para velar por la transparencia, competitividad y funcionamiento ordenado del mercado de valores, para la adecuada información a los inversionistas y por la reducción del riesgo sistémico,
 
Ley N° 18.812 de 23 de setiembre de 2011, que estableció normas para garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal inscriptos en la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central del Uruguay, a la que declara regulada por la Ley N° 18.331 de 11 de agosto de 2008.
 
La Ley N° 19.210 de 29 de abril de 2014, conocida como ley de inclusión financiera atribuyó importantes competencias al Banco Central, en especial en materia de autorización para operar y régimen sancionatorio de instituciones emisoras de dinero electrónico, obligación de información a los usuarios de servicios financieros por parte de las entidades de intermediación financiera y emisores de dinero electrónico, régimen de utilización de los medios de cancelación, competencias en materia de Defensa del Consumidor, etc.