Las XXXVII Jornadas Anuales de Economía del Banco Central (BCU) cerraron el viernes 19 de agosto con un panel integrado por la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Marcela Bensión; el integrante del Consejo Fiscal Asesor del MEF, Alfonso Capurro; el gerente de Estudios del Consejo Fiscal Autónomo de Chile, Mario Arend; y el integrante del Consejo Fiscal de Perú, Eduardo Morón. El panel fue moderado por el gerente de Asesoría Económica del BCU, Gerardo Licandro.

La conferencia estuvo centrada en la regla fiscal establecida desde 2020 en Uruguay.

En su exposición, Bensión describió el proceso que permitió contar con una regla fiscal en el país, mencionando que en lo previo en Uruguay existía un tope anual de endeudamiento, pero no una regla fiscal propiamente dicha.

En los últimos diez años, “si uno mira los indicadores fiscales, el comportamiento fue profundamente procíclico”, lo que generó la necesidad de la implementación de una regla fiscal.

Bensión explicó ​que la regla fiscal se enmarca en la denominada nueva institucionalidad fiscal del MEF, que creó dos consejos externos -el Consejo Fiscal Asesor, y un Comité de expertos- y adiciona a la Rendición de Cuentas, una nueva rendición semestral, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la credibilidad de las finanzas públicas del país.

“Los tres pilares en los que se apoya la nueva regla fiscal son el Resultado Fiscal Estructural; el Tope de Gasto Primario y el Tope de Endeudamiento Neto (por ley y con cláusula de salvaguarda)”, detalló. 

Respecto a estos tres pilares, Bensión subrayó que tras asesorarse con el BCU, concluyeron que “se puede cumplir con los tres pilares, monitoreándolos en forma simultánea y colocando el foco en el que se detecte más restrictivo de los tres”.

Por último, planteó como desafíos a futuro consolidar la institucionalidad fiscal a nivel de analistas, sistema político y ciudadanía; profundizar el debate en torno al nivel de deuda óptimo y el cálculo de brecha producto; incorporar mejoras metodológicas sin alterar datos de forma continua; y que el rol de las calificadoras de riesgo sea un incentivo a la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica.