El Banco Central del Uruguay (BCU) remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un anteproyecto de ley para que la información crediticia derivada de préstamos o contratos de tarjeta de crédito asumidos por padres, tutores u otros representantes legales en nombre de menores de edad quede registrada únicamente a nombre de los adultos que los contrajeron.
El proyecto establece que los datos de los menores no podrán ser informados a la Central de Riesgos Crediticios que administra el BCU ni a los registros de deudores del sector privado. Esta prohibición se mantendrá aun después de que hayan alcanzado la mayoría de edad, respecto de las obligaciones contraídas antes de ese momento.
La propuesta busca que los menores no carguen con consecuencias negativas por operaciones financieras asumidas por sus representantes y que comiencen su vida adulta sin antecedentes crediticios derivados de esas obligaciones.
La medida se enmarca en la protección del interés superior del niño y del adolescente, en línea con el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente en Uruguay y con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el país en 1990.
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