El informe, realizado en el marco del Programa de Innovación Financiera (NOVA BCU) y publicado este lunes 8 de noviembre, indaga en la problemática del onboarding digital, identificando si existen barreras para su implementación de orden legal, regulatorio, y tecnológico, entre otras.

El onboarding digital es el proceso de adquisición de nuevos clientes por parte de una entidad financiera a través de medios electrónicos en sustitución de la concurrencia del usuario a las dependencias físicas. Un proceso efectivo debe garantizar un alto grado de eficacia en la identificación del usuario y de seguridad en el manejo de la información involucrada; al mismo tiempo de ofrecer un nivel de usabilidad más eficiente en comparación con la comparecencia física.

El informe comprende los procesos remotos de adquisición de clientes a través de medios electrónicos con una mirada amplia que contemple todos los tipos de entidades reguladas y supervisadas por el BCU, así como todos los tipos de clientes (personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes).

Este trabajo busca integrar la óptica interna de distintos servicios del Banco Central, así como también la perspectiva de las entidades supervisadas, otros entes reguladores como la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), y proveedores de identidad.

La interacción con algunas partes interesadas da indicios de posibles asimetrías en la interpretación de la regulación. Los actores podrían estar sobrevalorando los riesgos de cumplimiento normativo y, en consecuencia, los incentivos podrían ser insuficientes para que algunas entidades implementen esta modalidad de contratación.

En este sentido, la publicación, que forma parte de los objetivos establecidos por el Directorio del BCU para la Oficina de Innovación, intenta responder las interrogantes de los principales actores en la gestión del onboarding digital.

El análisis dado a conocer señala que no se verifican impedimentos de carácter genérico para la implementación de procedimientos de adquisición remota de clientes, al tiempo que permite reconocer la importancia de los activos con que cuenta el país para garantizar la seguridad de las transacciones electrónicas (ver efectos legales de los documentos electrónicos en el Art. 4 de la Ley 18.600 y en el marco jurídico y regulatorio del informe).