Ante el titular de un medio de prensa en la presente jornada que refiere a esta Institución, el Banco Central del Uruguay (BCU) desea manifestar su rechazo a la interpretación que alude a ilegalidades y desacatos a dos sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En ambos procesos, la Institución, a través de decisiones unánimes de su Directorio, implementó las soluciones que entendió adecuadas a efectos de cumplir debidamente con los fallos emitidos por el TCA, sin el más mínimo apartamiento del ordenamiento jurídico y con absoluto respeto de los derechos de los funcionarios y los concursantes externos.

 

En el BCU se han establecido prácticas en materia de concursos internos y externos que apuntan a la profundización de la transparencia e independencia de los procesos de selección. Los tribunales que poseen autonomía técnica en sus decisiones los integran, además de los representantes de la administración, un representante del personal designado mediante elección entre los funcionarios y un representante gremial.

 

En algunas ocasiones, los concursantes interponen recursos que, una vez agotada la vía administrativa, llegan a consideración del TCA. En la mayoría de los casos presentados en los últimos años, las sentencias han ratificado el proceso llevado a cabo por los tribunales del banco.

 

En los dos casos a los que alude la referida nota de prensa (un concurso interno de ascenso y un concurso abierto externo), el Tribunal se expide haciendo lugar parcialmente a los respectivos reclamos. En ambos casos, el Directorio del BCU no solo acató oportunamente las sentencias anulatorias del TCA, sino que incorporó en la recomposición de los actos administrativos resultantes, elementos sustanciales surgidos en los años transcurridos desde los concursos originales, considerando expresamente las prácticas de buena administración y evitando reclamos posteriores en virtud de la eventual vulneración de derechos de todos los involucrados en el proceso.

 

El Banco Central del Uruguay no solamente respeta en su accionar el absoluto acatamiento de las decisiones judiciales en todos los terrenos, sino que además se encuentra íntegramente comprometido con la lógica de la transparencia de sus decisiones y acciones cotidianas.