Los primeros casos de COVID-19 en Uruguay se registraron el 13 de marzo de 2020. El gobierno rápidamente tomó medidas para reducir la movilidad de la población tanto en el plano doméstico como internacional, aunque sin llegar al extremo de la reclusión forzosa. Esas restricciones tuvieron su correlato en medidas de política sanitaria, social, económica y financiera, implementadas con el objetivo de mitigar el impacto negativo de la pandemia y las medidas de distanciamiento social.
Durante las primeras semanas de la pandemia, el nivel de incertidumbre era alto. Los modelos de proyección epidemiológica alertaron sobre la necesidad de reducir la movilidad y tomar medidas de distanciamiento social. A su vez, estas medidas afectaron directamente a amplios sectores de la población más vulnerable a través de la reducción de sus ingresos. Algunas estimaciones indican que alrededor de 20% de la fuerza de trabajo – compuesta por trabajadores independientes y por trabajadores informales – estaba especialmente expuesta a las medidas de reducción de la movilidad. Asimismo, alrededor de 49% de la población empleada en el sector formal trabajaba en sectores altamente afectados por la pandemia. Por lo tanto, además de reducir la movilidad para mantener el sistema de salud en una posición de responder en forma satisfactoria a las infecciones, era necesario proveer apoyo social y económico a la población vulnerable y a los sectores económicos más afectados. Las medidas financieras tomadas en respuesta al choque incluyeron una instancia expansiva de la política monetaria, un conjunto de medidas facilitadoras de la reestructuración del crédito, extensión de su madurez, períodos de gracia y otras medidas adicionales de flexibilización para ayudar a las instituciones financieras a mantener el crédito y sostener a aquellas empresas viables que fueron afectadas por la pandemia. Dentro de estas políticas, el gobierno extendió un esquema ya existente de garantías de crédito para facilitar la provisión de crédito a pequeñas y medianas empresas y evitar una potencial restricción de crédito.
En el documento de trabajo del BCU N° 002-2022, COVID-19 in Uruguay: A survey of policy responses and their impact, se describen los acontecimientos y se propone una evaluación del impacto del choque y de las respuestas de política implementadas durante los años 2020 y 2021 por las autoridades uruguayas para aminorar sus efectos negativos. Particularmente, los autores se focalizan en el impacto sobre la actividad económica, inflación, expectativas de inflación, consumo, inversión y horas trabajadas. Asimismo, aportan estimaciones del impacto del esfuerzo presupuestario sobre el consumo per cápita agregado, tomado como medida de bienestar. Por último, analizan el efecto de la pandemia y la respuesta de las firmas a las medidas adoptadas sobre liquidez, acceso al crédito y preferencia por moneda de la deuda.
En términos generales, la evaluación que realizan los autores de las políticas implementadas como respuesta al COVID-19 en Uruguay muestra que las mismas tuvieron un efecto significativo en la mitigación de los efectos negativos de la pandemia. El impacto positivo de esas medidas es robusto a la utilización de diferentes variables y de diferentes metodologías. En particular, los autores usan un modelo de proyección macroeconómica, un modelo DSGE, un modelo de corrección de errores de vectores cointegrados, datos granulares sobre las condiciones financieras de las empresas, expectativas y preferencias recogidas a través de una encuesta realizada durante la pandemia.
Conclusiones
El artículo documenta y pone a disposición un conjunto de herramientas que han resultado útiles para enfrentar un choque como el del COVID-19, señalando un potencial camino de acción ante eventos similares en el futuro.
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Documento de trabajo
 | Bucacos, E., Carballo, P., Mello, M. & Ponce, J. (2022). COVID-19 in Uruguay: A survey of policy responses and their impact
Documento de trabajo, 002-2022. Banco Central del Uruguay. |
