El documento analiza la implementación de un esquema de garantías de crédito público (PCG, por sus siglas en inglés) en Uruguay como respuesta a la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19. Este esquema fue una extensión de un instrumento previamente establecido en 2009, denominado “SiGa Emergency", diseñado para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) durante la emergencia. Se encontró que, en su punto máximo en agosto de 2020, el esquema garantizaba el 27% del crédito a las MIPYMES, lo que representó un crecimiento significativo en comparación con los años anteriores.
El análisis se realizó utilizando datos detallados de préstamos y garantías recopilados por el Banco Central del Uruguay entre enero de 2015 y enero de 2021. Los resultados muestran que las MIPYMES en los sectores más afectados por la pandemia tenían más probabilidades de recibir un préstamo garantizado por el PCG durante la pandemia. Además, se encontró que las empresas con un historial crediticio más débil, como una alta proporción de préstamos no productivos o reestructurados, tenían menos probabilidades de recibir un PCG, lo que es consistente con el diseño del esquema que busca minimizar el riesgo crediticio.
Un hallazgo adicional fue que las empresas que ya tenían relaciones previas con los bancos, especialmente aquellas con una mayor cantidad de relaciones bancarias, tenían más probabilidades de obtener un préstamo garantizado por el PCG. Asimismo, los préstamos respaldados por PCG experimentaron un crecimiento mensual de crédito significativamente mayor durante la pandemia, en comparación con los préstamos no garantizados. Este efecto fue más pronunciado en los bancos estatales, que mostraron una mayor propensión a otorgar créditos respaldados por PCG.
Sin embargo, el estudio también identifica un comportamiento oportunista en un pequeño porcentaje de operaciones, donde las garantías ilíquidas fueron sustituidas por las del PCG, lo que podría indicar un uso estratégico del esquema por parte de algunos prestatarios para mejorar sus condiciones crediticias. A pesar de esto, el impacto general del esquema fue positivo, facilitando un mayor acceso al crédito para las MIPYMES en un momento crítico.
Conclusiones
El esquema de garantías de crédito público implementado durante la pandemia de COVID-19 en Uruguay fue efectivo en aumentar el acceso al crédito para las MIPYMES más afectadas. Aunque se observó un comportamiento oportunista limitado en la sustitución de garantías, el impacto neto del programa fue positivo, destacándose el papel crucial de los bancos estatales en la provisión de crédito. Las relaciones bancarias previas de las empresas también jugaron un papel importante en la asignación de los PCG, sugiriendo que el apoyo estatal fue complementario al crédito ya existente.
Documento de trabajo
 | Dassatti, C. (2023). COVID-19 and public credit guarantees: a policy assessment.
Documento de trabajo, 005-2023. Banco Central del Uruguay. |
