El Banco Central del Uruguay (BCU) remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el anteproyecto de ley que propone modificaciones a su Carta Orgánica con el objetivo de fortalecer la protección del inversor y fomentar un ecosistema de financiamiento más dinámico, transparente y seguro para canalizar el ahorro hacia proyectos productivos.
El principal cambio propuesto es ampliar el ámbito de regulación y control del BCU para incluir a las entidades que, aún sin emitir valores, realicen operaciones financieras convocando a la inversión mediante la captación masiva de recursos financieros del público. En la propuesta, se configura una operación financiera cuando exista un desembolso de fondos a cambio de una promesa de rentabilidad futura, gestionada por un tercero.
Además, en materia de supervisión, la reforma refuerza las facultades de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) para investigar y actuar frente a potenciales infractores, otorgándole potestad para:
- Requerir información y realizar inspecciones con atribuciones similares a las de la Dirección General Impositiva, donde además no podrá ser oponible el secreto profesional.
- Ordenar el cese inmediato de actividades irregulares y suspender campañas publicitarias o la captación de fondos.
El problema de los “fondos” ganaderos expone oportunidades y riesgos en la captación de ahorro público, y el BCU ha venido implementando y prevé profundizar otras acciones que tienen por objetivo proteger al inversor y dinamizar el mercado de valores.
Entre ellas se destacan las acciones de comunicación y educación financiera que están orientadas a informar oportunamente a la población y prevenir conductas fraudulentas.
Respecto del mercado de valores, la estrategia es consolidar una arquitectura regulatoria escalonada que fomente el desarrollo empresarial, manteniendo como principios la adaptación a la realidad nacional, la eficiencia de costos, la protección del inversor y la eliminación de saltos regulatorios.
