​El Banco Central del Uruguay (BCU) promueve el desarrollo del mercado doméstico de cambios y para ello busca fortalecer los mecanismos de acceso a la información con estándares de transparencia y equidad.Mediante una resolución aprobada este 2 de diciembre de 2020, el Directorio del BCU autorizó un período de adecuación a las instituciones que administren ámbitos formales de negociación de dicho mercado, otorgando un plazo de 120 días corridos (a partir del 21 de octubre de 2020) para brindar información al público en general respecto a las cotizaciones y transacciones realizadas, permitiendo la adecuación de las plataformas tecnológicas utilizadas para las operaciones de mercado.Asimismo, se modifica durante el primer año de vigencia el tiempo de actualización de la información. Esta información sobre las mejores ofertas compradora y vendedora deberá actualizarse cada treinta minutos y la información sobre el volumen operado y precio mínimo, máximo y promedio de los valores transados en el día deberá actualizarse cada cincuenta minutos. Durante ese lapso la información podrá estar limitada al contrato del dólar spot.

​​​​​El Banco Central del Uruguay (BCU) suscribió su participación en la Red para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS, por su sigla en inglés) mediante una Resolución del Directorio del 18 de noviembre de 2020.La NGFS tiene por finalidad fortalecer la respuesta global requerida para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y enfatizar el rol del sistema financiero de administrar riesgos, movilizar capital para inversiones verdes y de bajo nivel de carbono en el contexto de un desarrollo ambientalmente sustentable. Para ello, sus miembros tienen el objetivo común orientado a lograr un aprendizaje conjunto, generar conocimiento y producir recomendaciones.Los miembros integran la organización de forma voluntaria con el compromiso único de la participación activa y alineación con su objetivo sin requerimiento de comprometer acciones regulatorias o inversiones en activos específicos.La Red fue creada en diciembre de 2017 por un grupo de bancos centrales y supervisores con el objetivo de intercambiar experiencias, compartir las mejores prácticas y contribuir al desarrollo del medio ambiente, la gestión del riesgo climático y movilizar las finanzas para apoyar la transición hacia una economía sustentable. En la actualidad está integrada por 52 bancos centrales y supervisores, además de 13 miembros observadores.